Un tribunal federal rechazó la apelación del Gobierno y confirmó una medida cautelar que obliga a cumplir con la actualización de salarios y becas prevista en la ley.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a ejecutar de inmediato los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La decisión, tomada con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, rechazó la apelación presentada por la administración de Javier Milei.
La ley, sancionada por el Congreso el año pasado y promulgada por el Ejecutivo en octubre, contempla una recomposición salarial para el sector universitario y una actualización en el monto de las becas estudiantiles. Sin embargo, su aplicación había quedado suspendida a la espera de que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, un proceso similar al ocurrido con la ley de discapacidad.
La medida judicial se conoce en el marco de un nuevo paro docente a nivel nacional y de clases públicas realizadas frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue el organismo que solicitó la cautelar para que se cumpla con la normativa.
Franco Bartolacci, flamante presidente del CIN, declaró a LA NACION: «Una gran noticia. Una decisión extremadamente relevante para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto delicado como atravesamos. Lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial».