El destino de Garbarino quedó formalmente sellado esta semana en los tribunales comerciales. La sentencia puso punto final a un largo período de agonía financiera que comenzó en 2021 con la apertura del concurso preventivo. A pesar de los múltiples plazos otorgados y las diversas instancias de negociación, la empresa no logró reunir las mayorías necesarias que exige la ley para validar un acuerdo con quienes reclaman deudas millonarias.
La decisión del magistrado D’Alessandro respondió a la imposibilidad de la compañía de presentar una propuesta de pago que resultara aceptable para la doble mayoría de acreedores. Este requisito, indispensable según la normativa vigente, nunca se cumplió, lo que derivó de forma automática en el agotamiento de los tiempos legales y la declaración de la quiebra.
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Restricciones a los directivos y medidas cautelares
La resolución judicial no solo afectó el patrimonio de la empresa, sino que también estableció duras restricciones sobre sus administradores actuales. El presidente de la firma, Carlos Rosales, junto a la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Ignacio Rosales, quedaron formalmente inhabilitados para ejercer actividades comerciales. Asimismo, el juzgado dictó una prohibición de salida del país para los tres directivos, quienes deberán solicitar autorización expresa en caso de requerir traslados al exterior mientras avance el proceso falencial.
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En términos patrimoniales, la Justicia dispuso la inhibición general de todos los bienes y ordenó el cierre inmediato de las cuentas bancarias de la sociedad. Los fondos remanentes quedaron a disposición exclusiva del juzgado. A partir de ahora, la sindicatura designada tomó el control administrativo con el objetivo de inventariar lo que queda de la estructura para su posterior remate o liquidación, buscando cubrir al menos una parte de las obligaciones pendientes con trabajadores y proveedores.
El fracaso del sistema de salvataje y el «cramdown»
Uno de los puntos más llamativos del expediente fue la etapa conocida como cramdown o salvataje, un mecanismo donde terceros interesados pueden intentar comprar la empresa para evitar la quiebra. En agosto de 2025, el Boletín Oficial publicó el registro de interesados, donde se inscribieron dos actores: la financiera Vlinder y la propia controlante de Garbarino.
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La intención de la actual gestión de «comprarse a sí misma» generó controversia en el ámbito judicial. La maniobra consistía en que la estructura empresaria que ya había fallado en el concurso intentara retomar el control de las marcas Garbarino y Compumundo bajo nuevas condiciones de pago. No obstante, el tribunal consideró que la propuesta mejorada se presentó fuera de los términos legales. Sin oferentes externos con capital fresco ni soluciones viables por parte de la financiera inscripta, el proceso quedó sin alternativas de continuidad.
Un colapso operativo sin precedentes
Según destacó El Crosnista, la caída de Garbarino representa uno de los derrumbes empresariales más significativos de la historia reciente en Argentina. En su etapa de mayor esplendor, la cadena llegó a administrar más de 200 locales en todo el país y contaba con una plantilla superior a los 4000 empleados. Al momento de dictarse la quiebra, la realidad era diametralmente opuesta: solo quedaban 18 trabajadores y tres puntos de venta abiertos.
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Los informes de la sindicatura reflejaron la inviabilidad absoluta del negocio en los últimos meses. Durante enero, la compañía reportó ventas brutas por poco más de 1.7 millones de pesos, una cifra que resultó ínfima frente a los costos operativos, que incluyeron pagos salariales por casi 7 millones de pesos en el mismo período. El stock remanente, compuesto por unas 1597 unidades, consistía mayoritariamente en mercadería obsoleta o con daños estéticos, lo que reducía drásticamente su valor de mercado.
Causas y contexto del cierre
El declive de la cadena se atribuyó a una combinación de factores macroeconómicos y problemas de gestión interna. La crisis financiera que arrastraba desde antes de la pandemia se profundizó con la caída estrepitosa del consumo de bienes durables y la falta de acceso al crédito para financiar las ventas en cuotas, que históricamente fue el motor del negocio de los electrodomésticos.
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Además, la empresa perdió competitividad frente al avance acelerado del comercio electrónico y ante competidores que mantuvieron niveles de capitalización más sólidos. Aunque la adquisición por parte de Carlos Rosales en 2020 generó esperanzas de una posible recuperación, las negociaciones con grupos inversores como Inverlat o con empresarios como Ricardo Depresbiteris nunca llegaron a buen puerto. Con esta sentencia, se cierra definitivamente el capítulo de una de las marcas más emblemáticas del consumo masivo en el país.