Los destrozos registrados durante la movilización convocada por la CGT y partidos de izquierda en las inmediaciones del Congreso le costaron a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires unos $270 millones, según estimaciones oficiales, en un operativo que combinó tareas preventivas, limpieza posterior y reparación de infraestructura urbana.
El despliegue incluyó el retiro anticipado de 140 contenedores de basura en más de 60 cuadras para evitar vandalismo y obstrucciones, además de un dispositivo de saneamiento con más de un centenar de operarios, camiones recolectores, hidrolavadoras y brigadas especiales. Aun así, tras la protesta se constataron daños en veredas, roturas de baldosas, grafitis en cruces peatonales y deterioro del mobiliario urbano y del césped de la Plaza del Congreso, donde se afectaron unos 500 metros cuadrados de superficie verde.
El monto ubica a esta protesta dentro del rango de costos que vienen registrando manifestaciones masivas en la Ciudad en los últimos años. En junio de 2024, tras incidentes durante otra protesta frente al Congreso, el gobierno porteño estimó que las reparaciones y tareas de limpieza ascendían a $278 millones entre mobiliario urbano roto, luminarias dañadas y grafitis (aquel monto sería mayor actualizado por inflación).
En marzo de 2025, una movilización de jubilados dejó un saldo aún mayor: el costo preliminar superó los $275 millones, cifra que luego autoridades locales señalaron que podía escalar por encima de los $400 millones al sumar daños en comercios, autos y espacio público. Ese mismo año, otra protesta en Plaza de Mayo implicó un gasto cercano a $237 millones solo para limpieza y reparaciones. Todas estas cifras corresponden a estimaciones oficiales de cada momento y no están actualizadas por IPC, por lo que la comparación debe leerse en términos nominales.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, endureció el tono político tras los incidentes y publicó en redes sociales: “El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito. No alcanza con multas, tienen que ir presos.” Su mensaje reavivó el debate sobre la tipificación penal de los daños durante protestas y la responsabilidad de los organizadores.
El patrón se repite: cada vez que una movilización deriva en vandalismo urbano, el costo para el Estado porteño se dispara a cientos de millones de pesos. Más allá del signo político de las marchas, la discusión vuelve a instalarse tras cada episodio: quién debe pagar la factura de la protesta cuando el reclamo social termina en destrozos materiales.
por R.N.