En el marco de una investigación, se conocieron en las últimas horas detalles sobre la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, que prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y tomó una drástica decisión el 16 de diciembre de 2025.
Según las pesquisas judiciales, Gómez había sido víctima de una organización que cometía extorsiones y estafas digitales desde al menos dos cárceles bonaerenses. La banda funcionaba como una “pyme del delito”, coordinando operaciones mediante teléfonos celulares.
Según las pesquisas judiciales, Gómez había sido víctima de una organización que cometía extorsiones y estafas digitales desde al menos dos cárceles bonaerenses. La banda funcionaba como una “pyme del delito”, coordinando operaciones mediante teléfonos celulares.
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El joven soldado de 21 años se disparó con un rifle el 16 de diciembre de 2025. La investigación determinó que era extorsionado por siete presos
Archivo-ADNSUR
La víctima fue contactada mediante un perfil falso en la app de citas, llamado “Julieta Ayelén Cardozo”, y recibió un “audio del terror” donde se lo acusaba de ser “degenerado” por contactar a una menor de 17 años. Posteriormente, un hombre que se hacía pasar por policía lo presionó para transferir dinero a cuentas vinculadas a la organización.
Gómez dejó una carta que permitió comprender el impacto psicológico y económico del acoso: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas… Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”.
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“A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”, decía la carta del joven
Infobae
La investigación identificó a los principales responsables: Nahuel Contti (Francavilla), Kevin Manuel Sandoval y Mauricio José Duarte Arecó, internos en cárceles bonaerenses, quienes coordinaban la operación. También se detuvo a personas externas que recibían y redistribuían los fondos. En total, siete personas fueron arrestadas tras allanamientos en prisiones y domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, subrayó: “Un celular en la mano es, efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede permitir tener una pyme del delito dentro de la cárcel”. Por su parte, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado advirtió: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso… el celular, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
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El caso pone de relieve la utilización sistemática de celulares en prisiones para delitos graves, incluyendo estafas virtuales, grooming, extorsiones y narcotráfico, y busca generar conciencia sobre los riesgos y prevenir futuras víctimas.
Con información de Infobae y Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR