La expresidenta Cristina Kirchner propuso crear una «Ley de Segunda Oportunidad» para aliviar a los «hogares vulnerables» con «la soga al cuello» por las deudas, reinstalando en la agenda pública una herramienta legal que ya contaba con un proyecto concreto en el Congreso desde el año 2015.
La iniciativa mencionada por la exmandataria apunta a la creación de un «programa nacional de alivio de deuda personal», cuyo fin es permitir a las familias renegociar sus obligaciones financieras bajo condiciones de tasas y plazos considerados justos y sostenibles. Es pertinente señalar que, en 2015, una propuesta de contenido virtualmente idéntico fue presentada por los entonces senadores Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá.
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¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?
La iniciativa legal en cuestión es un «Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores» (según el proyecto de ley S-2877/15), diseñado exclusivamente para personas físicas que han llegado a un estado de sobreendeudamiento y no pueden cubrir sus compromisos financieros.
El principal objetivo de este procedimiento legal es ofrecer a los deudores una salida económica. Permite sanear su economía, reorganizar sus pasivos y, en las situaciones más extremas, alcanzar la cancelación de las deudas impagables para que puedan «volver a empezar» financieramente.
Este régimen tiene límites estrictos. No es aplicable a empresas y solo se considera a quien el proyecto define como «pequeño deudor», es decir, una persona que cumpla con las siguientes condiciones:
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Sus ingresos no deben superar los veinte salarios mínimos.
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El total de sus deudas no debe sobrepasar el 300% de sus ingresos mensuales.
La ley establece que el procedimiento debe ser solicitado por el propio deudor y solo procederá si este demuestra haber actuado de «buena fe» al contraer sus obligaciones. Una vez validada la solicitud, la iniciativa propone dos caminos principales para resolver su situación.
Conciliación extrajudicial
Pensada para los casos considerados «remediables», esta vía permite abrir una instancia de negociación con los acreedores para elaborar un plan de pagos que no puede superar los siete años. Si no hay acuerdo, un síndico puede proponer un plan con quitas, esperas o refinanciación.
Dirigida a los casos «irremediablemente comprometidos», cuando no hay posibilidad de cumplir un plan de saneamiento. En esta instancia, un juez ordena la venta de los bienes del deudor para pagar a los acreedores. Una vez liquidados los activos, el juez puede declarar «extinguidas todas las deudas» que no se lograron cubrir. Los acreedores ya no podrán reclamar ese saldo en el futuro.
Protección de bienes esenciales
Un punto central del proyecto es garantizar la protección de los bienes esenciales para la vida del deudor. La ley establece que en el proceso de «Restablecimiento personal» no se pueden vender (enajenar) los bienes inembargables, como la sede de la actividad laboral de la persona y, fundamentalmente, «el inmueble del deudor cuando constituya su única vivienda u hogar».
Tal como mencionó Cristina Kirchner, la idea no es novedosa. Los fundamentos del proyecto de 2015 citan explícitamente las legislaciones de Francia y España como modelos a seguir, donde este tipo de leyes de «perdón de deudas» para consumidores existen desde hace años. El texto argumenta que aplicar la ley de quiebras tradicional (pensada para empresas) a un consumidor sobreendeudado viola derechos constitucionales como el de una vivienda digna.
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