Un fallo del Tribunal de Impugnación de Neuquén volvió a colocar en el centro de la discusión la aplicación de la suspensión de juicio a prueba (probation) en delitos viales con víctimas fatales. El cuerpo, integrado por los jueces Patricia Lupica Cristo, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, resolvió otorgar la probation al conductor identificado como M.R., quien fue acusado de homicidio culposo agravado tras el vuelco de su BMW M240, ocurrido el 29 de junio de 2024 en la ruta provincial 51.
El siniestro, registrado cerca de las 14 horas, a 15 kilómetros al oeste de la rotonda de intersección con la ruta 7, dejó como saldo la muerte de Edgar David Bartes, quien viajaba como acompañante.
Según las pericias, el conductor circulaba a 203 km/h en una zona donde el límite era de 110, cuando reventó un neumático trasero y perdió el control del vehículo, que terminó volcando violentamente. Bartes falleció en el acto por un traumatismo encefalocraneano grave.
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La acusación: conducción temeraria a más de 200 km/h
El Ministerio Público Fiscal había imputado a M.R. por homicidio culposo doblemente agravado —por exceso de velocidad y por culpa temeraria— en carácter de autor, de acuerdo con el artículo 84 bis del Código Penal. La causa fue impulsada por el asistente letrado Pablo Jávega, quien en la audiencia de octubre de 2024 sostuvo que “la conducción imprudente y antirreglamentaria del vehículo provocó la muerte de una persona y causó un daño irreparable”.
Tanto la fiscal del caso, Silvia Moreira, como la querella particular que representa a la familia de la víctima, se opusieron a que el proceso fuera suspendido, argumentando que la pretensión punitiva superaba los tres años de prisión que el Código Penal establece como límite para conceder una probation.
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Reveses y cambios de criterio judicial
El expediente atravesó una serie de idas y vueltas entre distintos tribunales. En una primera instancia, el juez de garantías Cristian Piana rechazó el pedido de la defensa, sosteniendo que “no era procedente una suspensión de juicio a prueba” en un caso con una víctima fatal y con pruebas de una conducta de extrema imprudencia.
Sin embargo, el 21 de julio de este año, el Tribunal de Impugnación conformado por Lupica Cristo, Deiub y Macagno anuló esa decisión, indicando que debía analizarse la posibilidad de aplicar una pena condicional. El fallo argumentó que las políticas de persecución penal del Ministerio Público Fiscal no son vinculantes para los jueces.
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En agosto, el juez Raúl Aufranc volvió a rechazar la probation y convalidó la acusación de la fiscalía, pero la defensa apeló nuevamente, y esta semana el mismo tribunal revocó esa resolución y otorgó directamente la suspensión de juicio a prueba.
De esta manera, el caso regresará a un juez de garantías, quien deberá establecer las condiciones que M.R. deberá cumplir para mantener el beneficio, que podrían incluir trabajos comunitarios, reglas de conducta o indemnización económica.