La Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar interina a favor de la Municipalidad de Escobar, habilitando la continuidad del cobro de tasas municipales en las facturas de Edenor. La decisión representa un nuevo traspié judicial para la administración de Javier Milei, que había intentado restringir esta práctica mediante un decreto presidencial y una resolución ministerial.
La resolución, firmada por el juez Adrián González Charvay, sostiene que la normativa provincial que autoriza el cobro de la tasa de alumbrado público a través de las boletas de servicios públicos prevalece sobre la disposición emitida por el Ministerio de Economía. De esta manera, el municipio conducido por Ariel Sujarchuk podrá mantener el mecanismo de recaudación que había sido cuestionado por el Gobierno nacional.
El conflicto se originó en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio, bajo la órbita del ministro Luis Caputo, prohibió mediante la Resolución 267 que las empresas incluyeran “conceptos ajenos” a sus servicios en las facturas, entre ellos las tasas municipales.
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Antecedentes, reacciones y próximos pasos
El fallo de Campana se suma a otro antecedente favorable para Escobar: en 2024, la Cámara Federal de San Martín había declarado inconstitucional la misma resolución ministerial, ratificando la autonomía de los municipios en la gestión de sus recursos.
Tras conocerse la nueva medida cautelar, el intendente Sujarchuk celebró la decisión judicial: “Es una buena noticia para nuestro distrito porque ratifica la autonomía municipal que estaba siendo avasallada por el Gobierno nacional. Ellos buscan asfixiar a los municipios y afectar nuestros ingresos que son destinados a obras y gastos corrientes”, señaló.
Con el respaldo judicial, la Municipalidad de Escobar intimará a Edenor a cumplir con los convenios y ordenanzas locales que autorizan la inclusión de la tasa en las facturas de electricidad. El fallo obliga a la empresa a reincorporar el concepto en las boletas de los usuarios del distrito hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La medida cautelar se interpreta como un revés para la estrategia del Gobierno nacional de limitar los mecanismos de financiamiento de los municipios, que consideran estas tasas como una herramienta clave para sostener gastos corrientes y servicios básicos.
DCQ