El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por APINTA y ATE”, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/2025, arts. 59 a 69, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”.
La decisión, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, tendrá una vigencia inicial de seis meses y preserva el statu quo del organismo mientras se tramita el amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo se conoció apenas unos días después de que el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/2025 publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado, dispusiera el pase a disponibilidad de 343 trabajadores de organismos públicos, de los cuales 287 pertenecen al INTA. El recorte también alcanzó al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En su resolución, el tribunal remarcó que el INTA es un ente autárquico con personalidad jurídica propia, creado en 1956, y que sus trabajadores cuentan con estabilidad garantizada en la Constitución Nacional y convenios colectivos específicos. En ese marco, consideró que el decreto cuestionado vulnera derechos adquiridos e implica una afectación grave a la estabilidad laboral y sindical.