El Senado sancionó una ley que asegura la actualización de los presupuestos de las universidades públicas, en un nuevo golpe legislativo al Gobierno.
La iniciativa se aprobó con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones, logrando incluso el aval de los dos tercios del pleno. Ahora, la norma podría enfrentarse a un veto desde la Casa Rosada, que ya anticipa medidas en contra.
La discusión en la Cámara alta estuvo marcada por el consenso en torno a la necesidad de garantizar la continuidad y estabilidad de la financiación universitaria, aunque también dejó en evidencia la tensión política entre oficialismo y oposición. Los senadores coincidieron en la urgencia de proteger el gasto educativo frente a la inflación y las restricciones presupuestarias que afectan al sector.
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El proyecto, impulsado principalmente por bloques opositores, establece un marco obligatorio para la actualización de los fondos de funcionamiento de las casas de estudio. La ley busca que las universidades puedan planificar sus gastos con previsibilidad y que no se vean afectadas por la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de asignación de recursos.
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La ley impone la actualización del gasto de funcionamiento “al 1º de enero de 2025 según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024”. Además, contempla incrementos bimestrales para el corriente año y obliga al Ejecutivo a garantizar que los salarios de docentes y no docentes se ajusten al mismo índice. Todo aumento debe ser remunerativo y bonificable, y se establece la convocatoria obligatoria a paritarias con periodicidad no mayor a tres meses, asegurando ajustes mensuales no inferiores a la inflación.
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La aprobación generó reacciones encontradas en el recinto. Mientras la oposición celebró la medida como un triunfo que protege la educación pública, el oficialismo anticipó su intención de vetar la ley. Se espera que la decisión final sobre el veto llegue en los próximos días, lo que abrirá un nuevo capítulo de tensión legislativa. Los senadores podrán insistir sobre la norma, pero necesitarán alcanzar nuevamente los dos tercios en ambas Cámaras para sortear la negativa del Ejecutivo.
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El debate también puso en evidencia diferencias internas en algunos bloques. Algunos senadores que votaron a favor del texto destacaron la urgencia de blindar los presupuestos, mientras que otros enfatizaron la necesidad de negociar con el Ejecutivo para garantizar que los aumentos sean sostenibles dentro del marco fiscal nacional.
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Con esta ley, se busca que las universidades puedan continuar con su actividad académica y de investigación sin interrupciones, y que los docentes y no docentes tengan previsibilidad sobre sus salarios en un contexto de alta inflación. La medida también abre la puerta a un debate más amplio sobre la autonomía financiera de las casas de estudio frente a los vaivenes del Gobierno nacional.
El Ejecutivo, por su parte, analiza alternativas y estrategias para ejercer su veto de manera que modifique parcialmente la ley sin desatar un conflicto mayor con los bloques opositores. Mientras tanto, las universidades y asociaciones de docentes mantienen expectante seguimiento de la situación, conscientes de que la resolución final impactará directamente en la planificación del año académico y en el poder adquisitivo de los salarios del sector.