El Gobierno de Javier Milei inició formalmente el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra (rampa) en los aeropuertos argentinos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1067/2025, forma parte del plan de reformas estructurales impulsado por el Ejecutivo, que busca desprenderse de activos estatales amparándose en la Ley Bases y el Decreto 198/2025.
Cómo será el proceso de privatización
De acuerdo con la Resolución 1067/2025, se realizará la venta del 100% del paquete accionario. A diferencia de procesos anteriores, no habrá participación preferencial para trabajadores ni segmentación. La licitación será pública, nacional e internacional.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher, será la encargada de llevar adelante este proceso en un plazo de 8 meses. Además, el Estado rescindirá el contrato vigente con Intercargo antes de la transferencia definitiva. Dado que el Tribunal de Tasaciones no puede realizar la valuación del paquete accionario, un banco público asumirá esa tarea.
El desmantelamiento del Estado: más privatizaciones en marcha
Intercargo es la principal operadora de servicios de rampa en los aeropuertos del país, incluyendo el traslado de equipajes y la asistencia a aeronaves. Su privatización genera alarma, no solo por el posible impacto en la conectividad aérea, sino también por las condiciones laborales y el futuro de sus empleados.
La venta de Intercargo no es un caso aislado. El Gobierno avanza con la privatización de otras empresas estratégicas, como:
- AySA (agua y saneamiento)
- Enarsa (energía)
- Belgrano Cargas (ferrocarriles)
- Corredores Viales (rutas)
- Represas del Comahue (hidroeléctricas)
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Estas medidas, de un nivel de desinversión estatal acelerado, además de que priorizan intereses económicos por sobre el acceso a servicios públicos esenciales, cuentan con una falta de transparencia gigantesca.
Por ejemplo, tomando el listado de procesos privatistas iniciados por Milei, ninguno cuenta con algún tipo de control. La comisión bicameral encargada de realizar los seguimientos de estas operaciones, todavía no se encuentra ni conformada. A pesar de que la mera existencia de este órgano parlamentario no asegura ningún freno contra estas políticas de entrega, ya que solo estaría encargada de recolectar información relevante de este asunto, es una demostración absoluta de la necesidad apremiante de este gobierno por responder a sus negociados. Los cuales, aparte de responder a acuerdos realizados con empresarios, organismos de créditos y con potencias extranjeras, a la gestión libertaria le puede llegar a servir la entrada de divisas por estas ventas y así poder seguir frenando, momentáneamente, la explosión de la crisis económica, que por ahora contienen.
La resistencia necesaria frente a un modelo fracasado
La privatización de Intercargo y demás empresas del Estado, justificadas por el discurso del modelo de un Estado Mínimo, reviven las pesadillas del menemismo en los ’90. Esa década ya dejó en claro el destino que sufren todos estos servicios una vez privatizados. El traspaso de estos recursos a manos privadas, en lugar de elevar su calidad, son un riesgo para la soberanía y el acceso universal a servicios esenciales. El daño estructural generado por este tipo de orientación, en caso de llevarse a cabo se vuelve difícil de revertir.
Frente al peligro que representa esto, es fundamental organizarse para enfrentar a este programa de entrega y saqueo. En principio, llevar adelante la más amplia movilización de todos los sectores afectados por estas operaciones, ya que los puestos de trabajo y las condiciones laborales se ponen en juego. La exigencia a las principales centrales sindicales por un paro general, acompañado de un plan de lucha, no deben cesar. Estas herramientas serían el puntapié para, en principio, comenzar a responderle a Milei y todo su gobierno. Por otro lado, esa lucha se debe entrelazar con la pelea para que todas estas empresas se vuelvan 100% estatal y se organicen bajo el control de sus trabajadores y sus usuarios, y por supuesto, que su funcionamiento debe estar acompañado por las inversiones necesarias para su correcto funcionamiento. Dejar avanzar el desmantelamiento del Estado, abre la puerta a experiencias que ya mostraron ser criminales en el pasado.