La confirmación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad generó un terremoto político y judicial.
El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) ya fijó un plazo y solicitó medidas para su detención, para marcar un antes y un después en la historia judicial argentina.
El mismo tribunal, que la condenó en primera instancia, ordenó a Cristina Kirchner presentarse en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación formal de la sentencia.
Este plazo, según el tribunal, es “prudencial”, ya que algunos de los condenados residen en diferentes provincias del país. La expresidenta deberá presentarse en el sexto piso de Comodoro Py 2002, donde se encuentra el tribunal oral.
El tribunal le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en un plazo de 24 horas designe un lugar de detención adecuado. Este lugar deberá pertenecer a alguna de las fuerzas federales: Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval o Policía Federal.
El juez Jorge Gorini especificó que se deben tener en cuenta las “características particulares individuales” de cada condenado al elegir el lugar de detención. En el caso de Cristina Kirchner, se destaca su edad (72 años), su condición de abogada y, fundamentalmente, “las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación”. También se menciona el atentado que sufrió en septiembre de 2022, lo que implica cuidados adicionales.
La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este delito se refiere a las irregularidades detectadas en las 51 licitaciones de obra pública otorgadas a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El fallo de la Corte fue unánime, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados rechazaron todos los argumentos presentados por la defensa de la exmandataria.
La investigación se centró en determinar si Lázaro Báez fue beneficiado irregularmente con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz. Los jueces consideraron clave el decreto 54/2009, que modificó un fideicomiso y permitió a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) disponer libremente de fondos, lo que generó opacidad en el proceso.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.