A horas de una nueva marcha de jubilados que sumará a más sectores sindicales y políticos, el abogado que defiende a Javier Milei en el caso LIBRA, Francisco Oneto, sugirió que el gobierno debería aplicar el estado de sitio si se repiten los incidentes del miércoles pasado.
“El miércoles sí, hubo represión, pero no está mal que haya represión”, dijo en relación a la protesta de jubilados e hinchas que terminó con 114 detenidos y al menos 40 heridos, entre ellos el fotoreportero Pablo Grillo que todavía pelea por su vida.
“Evidentemente pudo haber habido excesos”, afirmó. Sin embargo consideró que “habría que analizar bien cuáles fueron los excesos, por ejemplo, el ángulo del disparo, si vamos a hablar de Grillo, por ejemplo, o qué ocurrió efectivamente con la señora que cae de espalda”.
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En ese marco, consideró que estaba justificada la implementación del estado de sitio como forma de retomar el control de la calle. “Si yo soy intendente de la CABA, te decreto estado de sitio”, dijo este lunes en el programa No dejes para mañana que conduce Romina Manguel en Radio con Vos. “Se acaban todos los problemas”, agregó.
Los comentarios del letrado, que se hizo conocido por sus declaraciones polémicas en redes y fue candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires junto a Carolina Píparo, llamaron la atención por la imprecisión de sus afirmaciones, ya que el estado de sitio es una medida excepcional que solo puede ser declarada por el Presidente de la Nación, con aval del Congreso en casos de conmoción interior o ataque exterior.
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“Vos llamás al estado de sitio porque decís, ‘muchachos, hay que tomar el control absoluto de la calle, quedan suspendidas las garantías constitucionales.’”, afirmó. Y agregó: “¿Qué quiere decir esto? Que su auto no es más su auto si está acá. Es mío.”
El abogado además defendió el rol de la policía y consideró que se debe evitar “la anarquía”. “El orden tiene que mantenerse, si no, nos convertimos en una anarquía y vamos a victimizar a la policía. Y para mí eso no puede ser de ningún modo”.
Por otro lado, calificó a la dictadura militar como “la ex” de la Argentina y pidió que se valore el rol de la represión. “Es momento de que olvidemos a la ex, que Argentina se olvide de su ex, que fue el proceso de reorganización nacional, y vuelva a entender que la represión es la forma que el Estado tiene de ordenar cuando las cosas se van de su cauce.”
Qué implica el «estado de sitio»
El estado de sitio puede declararse en todo el territorio nacional o en una parte de él, y puede tener una duración máxima de 30 días, prorrogables por otros 30 días.
Durante ese período se suspenden las garantías constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Además, se otorgan facultades extraordinarias al presidente que permiten la intervención de los medios de comunicación, la detención de personas sin orden judicial y la restricción de la circulación de personas y bienes.
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El estado de sitio se declara en situaciones de emergencia que ponen en riesgo el orden público y la seguridad interior del país, como por ejemplo una guerra o ataque exterior; una conmoción interior o una catástrofe natural. La medida debe ser aprobada por el Congreso Nacional dentro de los 20 días de su dictado.
En qué ocasiones se declaró el estado de sitio en Argentina
La última vez que se aplicó el estado de sitio en Argentina fue el 19 de diciembre de 2001, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. En lugar de contener las manifestaciones, la medida impulsó a más personas a salir a la calle en protestas que se extendieron hasta el día siguiente y terminaron con una feroz represión que dejó 39 personas muertas.
Raúl Alfonsín también hizo uso de esta herramienta en dos oportunidades. La primera fue el 25 de octubre de 1985, por un período de 60 días, en respuesta a la «perturbación imperante y la escala de violencia» provocada por una serie de explosiones de bombas y amenazas en alrededor de cincuenta escuelas.
La segunda tuvo lugar el 29 de mayo de 1989, hacia el final de su mandato, cuando la implementó debido a una ola de saqueos a supermercados y protestas populares que sacudieron al país en el contexto de la hiperinflación.
MC/fl