El más reciente informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia, divulgado el jueves 26 de diciembre de 2024, dejó un inquietante balance sobre la efectividad de la política de Paz Total del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro: que durante el presente año no tuvo avances significativos, en pro de garantizar la seguridad en los territorios.
Según el referido documento, se reportaron un total de 186 denuncias de homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024. De estas cifras, se confirmó que 80 casos fueron verificados, mientras que 11 permanecen en proceso de verificación y 95 se clasificaron como no concluyentes. Este informe evidencia la persistente violencia contra aquellos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales en el país.
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“Para que un asesinato sea categorizado como un caso verificado, la víctima debe ser reconocida como defensor o defensora bajo la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, y una de las hipótesis del crimen debe estar relacionada directamente con esta actividad”, se precisó en el informe, con lo que remarcó las condiciones sobre las cuales se catalogan los casos referenciados en este proceso.
Además, la oficina precisó que los casos, para ser confirmados, incluyen un trabajo en terreno para documentar las denuncias y verificar los contextos en los que se perpetuaron los hechos.
En cuanto al perfil de las 80 víctimas verificadas, el informe de la ONU indicó que 69 corresponden a hombres, 10 como mujeres y una persona más identificada como mujer transgénero, de la comunidad LGBTIQ+.
Entre los casos masculinos, “los campesinos representan el mayor grupo afectado con 34 víctimas, seguido por 17 indígenas, cuatro afrodescendientes, y otros 14 clasificados en la categoría de ‘otros’”, según reveló el documento. De igual manera, 32 de estos hombres pertenecían a juntas de acción comunal, organizaciones clave en los territorios rurales.
Asimismo, el informe aclara que, entre las mujeres defensoras asesinadas, resaltan perfiles: dos indígenas, una afrodescendiente, tres campesinas y cuatro en la categoría de ‘otras’. Para la ONU es claro que “cinco de estas mujeres formaban parte de juntas de acción comunal, un hecho que refuerza el patrón de ataques a líderes vinculados con estas asociaciones”, mencionó el informe citado por la oficina en Colombia.
En los 11 casos en proceso de verificación, el detalle provisional revela que uno corresponde a una mujer campesina que era parte de una junta de acción comunal, mientras que los otros 10 involucraban a hombres: dos indígenas, un afrodescendiente, seis campesinos y uno más catalogado en “otros”. El documento señaló que ocho de estos hombres también pertenecían a organizaciones locales.
Sobre los 95 casos clasificados como no concluyentes, se destaca que 25 de las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos, pero sus muertes no tuvieron evidencia suficiente para confirmar que el motivo estuviera vinculado a su actividad en los territorios. Para la Organización de las Naciones Unidas, La falta de conclusiones respecto a estas denuncias representa otro desafío en la lucha por garantizar justicia y seguridad para los líderes sociales en Colombia.
En términos geográficos, el informe señaló una concentración de homicidios en regiones conocidas por sus complejos problemas de conflicto armado y presencia de economías ilícitas. Con 17 asesinatos, el departamento del Cauca lideró la negra estadística, seguido de Arauca (15 casos) y el Valle del Cauca (11); mientras que Antioquia reportó cinco casos, y departamentos como Huila, Casanare, Norte de Santander, Bogotá y Meta tuvieron tres homicidios cada uno. Finalmente, Putumayo, Nariño, Tolima, Chocó, Córdoba y Magdalena notificaron dos homicidios por departamento, y en regiones como Caquetá, Guaviare, Bolívar, Boyacá y Risaralda se reportó un caso en cada uno.
La persistencia de crímenes en territorios rurales con altos índices de conflictividad evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos humanos. De acuerdo con el informe, la vinculación de las víctimas con juntas de acción comunal o liderazgos comunitarios constituye un denominador común en muchos casos. “La mitad de las mujeres verificadas y la gran mayoría de hombres pertenecían a este tipo de organizaciones”, remarcó el documento que generó alerta.