El Gobierno, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), aceleró la investigación sobre Tabacalera Sarandí y su dueño, Pablo Otero, por presunta evasión fiscal. Según fuentes oficiales, el monto adeudado asciende a 1.300 millones de dólares, acumulado entre marzo de 2018 y mediados de 2024.
Tabacalera Sarandí, que produce la marca Red Point, se posicionó como líder en el mercado tabacalero al multiplicar su participación por 8 en una década. Según las autoridades, este crecimiento se habría facilitado por la resistencia de la empresa a tributar el 73 por ciento de impuestos internos establecido en 2024.
Aunque parte de la deuda se encuentra judicializada y respaldada por medidas cautelares, la DGI insiste en avanzar con la fiscalización y recuperación del monto adeudado. Además, el organismo investiga si las ganancias declaradas de la empresa, que incluyen un blanqueo de 60 millones de dólares, coinciden con su volumen de ventas.
Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, acumula una deuda millonaria con el fisco, estimada en unos 200.000 millones de pesos (aproximadamente 1.300 millones de dólares). Este monto continúa creciendo, y su situación judicial sigue siendo un tema clave.
La reciente transformación de la AFIP en ARCA trajo consigo una serie de cambios estratégicos en su estructura, con el objetivo de fortalecer el control fiscal. Uno de los primeros objetivos fue profundizar la investigación especialmente sobre Tabacalera Sarandí.
El presidente de Tabacalera Sarandí, a quien el presidente Javier Milei y algunos medios de comunicación apodaron el «Señor del Tabaco», denunció que las empresas multinacionales Massalin Particulares y BAT (British American Tobacco) quieren sacarlo del mercado. «Massalin se encargó de decir que no pagamos impuestos para defenestrarnos», aseguró este sábado, desde los estudios de la 750.
Los embates comenzaron en 2009 y continuaron en 2017, según contó el empresario, con dos leyes de desregulación de mercado que tenían el objetivo de «sacar a los jugadores menores».
Mientras tanto, la Corte Suprema analiza la constitucionalidad de los impuestos internos.