El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su rechazo a la instalación de una planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global proyecta construir en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa argentina sobre el río Uruguay. El mandatario advirtió que su administración intentará frenar el avance del proyecto por las vías que sean necesarias, ante la preocupación por su posible impacto ambiental.
La iniciativa, considerada como una de las mayores inversiones recientes en Uruguay, genera inquietud en la provincia por su cercanía con localidades como Colón. En ese contexto, Frigerio evocó el antecedente del conflicto por la pastera en Fray Bentos y sostuvo: «No podemos permitir otra Botnia», en referencia a la disputa bilateral que derivó en protestas y cortes en el puente internacional por parte de vecinos de Gualeguaychú.
Rogelio Frigerio rechazó la instalación de una planta en Uruguay
El gobernador indicó que ya mantuvo reuniones con autoridades uruguayas para expresar su postura y reclamó que el emprendimiento sea relocalizado. Además, aseguró que su gestión sigue de cerca el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía y que impulsó instancias de diálogo con participación del Gobierno nacional.
En esa línea, no descartó avanzar en el plano judicial si el proyecto continúa sin cambios. «Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir», afirmó, en alusión a posibles presentaciones ante la Corte Internacional de Justicia.
Por su parte, la empresa ya inició el trámite de autorización ambiental ante las autoridades uruguayas, acompañado por un estudio de impacto. Según informó, el diseño original fue modificado para mejorar su integración ambiental: se redujo la superficie de la planta en un 35%, se disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y se amplió el área de servidumbre ecológica hasta unas 260 hectáreas.
El proyecto también contempla la generación de alrededor de 400 empleos directos una vez que la planta esté operativa, en una zona donde el desarrollo industrial es considerado clave.
Desde la Cancillería Argentina surgieron posturas más moderadas. En encuentros recientes con autoridades uruguayas, funcionarios señalaron que el país no se opone a las inversiones productivas, aunque remarcaron la necesidad de extremar los controles para evitar impactos negativos en las comunidades ribereñas y prevenir conflictos como los del pasado.
«Nuestro planteo es en defensa del desarrollo turístico»
«Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando», afirmó Frigerio.
En esa línea, el mandatario buscó diferenciar su posicionamiento al señalar: «A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos como en Uruguay». Y aclaró: «Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la inversión: es en defensa del desarrollo turístico y productivo de la costa del río Uruguay. Por eso proponemos su relocalización».
Mientras tanto, el proyecto de HIF Global avanza en el plano administrativo en Uruguay, donde la empresa presentó la documentación ante el Ministerio de Ambiente para obtener la autorización final que le permita iniciar la construcción. La inversión prevista supera los u$s5.300 millones y contempla la generación de unos 1.400 empleos durante la obra y cerca de 400 puestos permanentes una vez que la planta entre en funcionamiento, orientada a la producción de e-combustibles.
En paralelo, un grupo de legisladores del PJ –Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay– presentó una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la firma HIF Uruguay SA para frenar el emprendimiento. La demanda apunta a evitar un eventual daño ambiental «irreparable» en la región.
Los legisladores sostienen que el proyecto avanzaría sin cumplir con los mecanismos de consulta bilateral previstos en el Estatuto del Río Uruguay, que se administra a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Además, invocan antecedentes de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las plantas de celulosa, conocido como «Botnia-UPM».
Desde el entorno de Frigerio rechazaron las críticas por supuesta inacción y señalaron que el gobernador viene reclamando la relocalización del proyecto, al menos a unos 30 kilómetros de la costa, al considerar que podría afectar el turismo, el ambiente y las economías regionales.
En su presentación judicial, los legisladores solicitaron que «se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud», en base a lo establecido en el Código Civil y Comercial y el Código Procesal.