La Argentina dio un nuevo paso en la defensa de sus recursos marítimos con la entrada en vigencia de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, establece parámetros objetivos para identificar a buques extranjeros que realicen actividades de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), una de las áreas más sensibles para la soberanía y la economía del país.
La custodia del mar argentino está en manos de la Prefectura Naval.
La medida busca fortalecer el control frente a las flotas extranjeras que operan en aguas distantes y que, en muchos casos, se acercan peligrosamente al límite de la ZEE. A partir de esta disposición, se unifican criterios técnicos y legales que permiten detectar de manera temprana conductas compatibles con la pesca ilegal, evitando interpretaciones discrecionales y dotando al sistema de mayor previsibilidad y eficacia.
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Tecnología y control coordinado
El nuevo esquema se apoya de manera central en el trabajo de la Prefectura Naval Argentina, que actúa como autoridad nacional con atribuciones policiales en el mar y como policía auxiliar en materia pesquera. A través del Sistema Guardacostas, la fuerza cuenta con una plataforma tecnológica que centraliza y procesa en tiempo real información técnica, administrativa y de movimiento de embarcaciones a nivel global.
Este sistema no se limita a registrar datos estáticos de los buques, sino que permite analizar patrones de comportamiento que pueden funcionar como indicadores de actividades ilegales.
Prefectura monitorea en tiempo real las acciones de los buques.
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A partir de esa información, la Prefectura puede detectar maniobras sospechosas, reconstruir recorridos, incorporar pruebas provenientes de diversas fuentes y resguardar esa evidencia para que la autoridad pesquera avance con las actuaciones administrativas correspondientes y, de ser necesario, aplique sanciones.
Un respaldo legal clave
La Disposición 20/2026 se convierte así en una herramienta legal fundamental para respaldar el trabajo operativo que ya se venía realizando. Al establecer criterios claros y uniformes, permite diferenciar con mayor precisión el ejercicio legítimo del derecho de libre navegación —reconocido por el derecho internacional— de las conductas que encubren o configuran pesca ilegal dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.
Desde el Estado nacional destacaron que este enfoque integral refuerza la defensa de los intereses estratégicos del país, protege los recursos pesqueros y contribuye a consolidar buenas prácticas jurídicas y operativas en la lucha contra la pesca ilegal, un desafío global que requiere cada vez más coordinación, tecnología y marcos normativos sólidos.