El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su rechazo a la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia y calificó la medida como un acto “intempestivo y grave” que carece de fundamentos técnicos, administrativos o operativos.
A través de un comunicado oficial, la administración provincial advirtió que la decisión vulnera la autonomía provincial y pone en cuestión el normal desarrollo de una infraestructura clave para la economía y la logística fueguina.
Según sostuvo el Ejecutivo provincial, la intervención ordenada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) no solo carece de razones objetivas, sino que además presenta contradicciones en su propio acto administrativo. Desde el Gobierno fueguino remarcaron que la resolución primero inhabilita la operatoria de la terminal portuaria y, en artículos posteriores, deja sin efecto esa misma inhabilitación, lo que refuerza la falta de claridad y sustento de la medida.
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En ese marco, el comunicado enfatiza que el Puerto de Ushuaia atraviesa un período de pleno funcionamiento y crecimiento sostenido. “En los últimos años el puerto ha crecido y funciona con total normalidad”, remarcaron, al detallar que durante la actual temporada se prevén más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general. Incluso, destacaron que en las últimas semanas se registraron cifras récord de arribo de embarcaciones.
Gobierno de Tierra del Fuego
De acuerdo con los datos oficiales, en un lapso menor a 24 horas se logró atender de manera sincronizada a 16 barcos de bandera internacional, mientras que en el transcurso de una semana el número superó las 30 embarcaciones. En ese período, más de 30 mil personas, entre pasajeros y tripulantes, pasaron por el puerto, lo que –según la Provincia– demuestra la confianza comercial de los operadores internacionales y la eficiencia de la operatoria local.
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El Gobierno fueguino también recordó que se realizaron obras de infraestructura de gran envergadura que fortalecieron la capacidad operativa del puerto. Entre ellas, mencionaron la extensión de 104 metros del muelle, una obra que permitió duplicar la cantidad de buques que pueden operar de manera simultánea y consolidó al Puerto de Ushuaia como un nodo estratégico en el extremo sur del país.
Gobierno de Tierra del Fuego
Otro de los puntos abordados en el comunicado refiere a la Ley Provincial N° 1596, aprobada por unanimidad en la Legislatura, que habilita la utilización del superávit del puerto para fortalecer la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, pese a la sanción de la norma y a una propuesta de veto que no prosperó, “no se ha hecho efectivo ningún traspaso de fondos desde el puerto a la obra social”, por lo que descartaron que esta situación haya tenido impacto alguno en la administración o el funcionamiento de la terminal.
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En un tono más crítico, la Provincia advirtió sobre la instalación de “narrativas preocupantes” en torno a la intervención. “Se desconocen las razones e intenciones del Gobierno Nacional para avanzar en esta medida”, señalaron, al tiempo que alertaron sobre versiones vinculadas a posibles intereses geopolíticos o económicos no explicitados, que exceden la realidad operativa del puerto. En ese sentido, indicaron que los interventores designados no pudieron presentar informes detallados que justifiquen el alcance de la decisión adoptada.
Frente a este escenario, el Gobierno de Tierra del Fuego informó que mantiene diálogos con los más altos niveles del Gobierno nacional en busca de explicaciones y de una solución rápida al conflicto. No obstante, anticipó que avanzará de manera simultánea con un reclamo judicial inmediato para revertir la intervención.
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Finalmente, el comunicado concluye con una fuerte definición política: “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional”. En ese mismo sentido, se subrayó que el Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para el desarrollo económico y logístico de Tierra del Fuego, y que la medida adoptada por la Nación impacta de manera directa sobre el trabajo y la actividad productiva provincial.