Un viejo chiste entre los economistas dice que las estadísticas pueden decir lo que uno quiere que digan si se las tortura lo suficiente. Y si alguien aplica ese principio en toda su intensidad es Javier Milei: hace un mes, ante un aumento del IPC, dijo que lo verdaderamente importante era la «inflación núcleo» -la que no depende de precios regulados ni de consumo estacional-, que había dado sólo 1,5%. Ahora, celebra que el IPC de agosto se mantuvo debajo del 2%, pero no hizo mención alguna a que «la núcleo» saltó a 2%.
Y no sólo eso: hace un mes había justificado la suba del IPC -de 1,6% a 1,9%- por el efecto de aumentos estacionales, además del «pase de factura de la resaka kuka». Sin embargo, ahora se registró la misma inflación que en julio, a pesar de que los precios estacionales fueron los que menos empujaron -una suba de sólo 0,8% en agosto-.
¿Entonces, cuál es el dato verdaderamente importante a seguir? Si el que marca la tendencia de largo plazo es el IPC núcleo -parece ser el consenso entre los economistas-, entonces Milei estuvo todo el año en problemas, dado que en mayo había registrado un 2,2% y en junio un 1,7%.
Sin embargo, él celebró que el IPC de esos meses había dado, respectivamente, un 1,5% y un 1,6%.«Lo festejan los argentinos de bien y lo llora todo mandrilandia», decía Milei, con su inconfundible sello personal.
La culpa de las tasas
Ahora, con el IPC de agosto a la vista, Milei recurrió a un nuevo argumento técnico para concluir que el 1,9% de inflación mensual fue un gran dato: «fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero«.
¿Qué fue lo que marcó esa inestabilidad? Se presume que el presidente está hablando de un súbito cambio de preferencia de los argentinos por la moneda nacional, que derivó en una suba de la tasa de interés, un encarecimiento del crédito y un salto en el dólar. Y todo en el marco de la incertidumbre política por el «riesgo kuka» y los reveses del oficialismo en el Congreso.
Pero la interpretación que se hace en el mercado financiero es más bien la opuesta: que fue el propio gobierno el que provocó la corrida contra el peso con el paso en falso del desarme de las LEFIs, que agravó la gestión de liquidez de los bancos y disparó la tasa a niveles incompatibles con el crédito productivo.
Fue a partir de allí que en los bancos se cuestionó la existencia de la «tasa endógena» y de la propia flotación cambiaria, dado el nivel de intervención del gobierno, que no dudó en llevar a 53% los encajes bancarios y hacer emisiones extraordinarias de deuda con tal de asegurarse que no quedara un peso «excedente» en el mercado.
Milei, aferrado a su «job description»
En definitiva, la situación parece clara. Milei continúa convencido de que la «job description» que le dio el electorado en 2023 tenía como punto fundamental bajar la inflación. Y, a pesar de que sus críticos le enrostren que ciertas estrategias desinflacionarias pueden ser, también, muy recesivas, él sigue apostando a que la baja inflación sea su carta ganadora para las elecciones legislativas de octubre.
Además, Milei aprovechó para enviar un mensaje político: la confirmación de que sigue firme la sintonía con el ministro Luis Toto Caputo, después de las versiones que corrieron -tras la derrota en la elección bonaerense- sobre discrepancias en la línea económica.
«¡Grande, Luis Caputo!», posteó el presidente, junto a una foto en la que aparecen abrazados y con el pulgar hacia arriba.
Pero, más allá de las interpretaciones pensadas con objetivo electoral, lo cierto es que el IPC de agosto sí dejó algunos motivos de festejo genuino para el gobierno. El más notable es el del bajo efecto contagio de la suba del dólar que había ocurrido a fines de julio y que retomó sobre el final de agosto.
Es cierto que Caputo «sugirió» a las cadenas supermercadistas y fabricantes de alimentos a retroceder en su primer reflejo de retocar las listas de precios. Pero la realidad es que otros gobiernos habían intentado medidas más duras de control, sin éxito. Es así que el rubro más sensible del IPC, el de alimentos y bebidas, tuvo una aceptable variación de 1,4%, contrariando las predicciones de las consultoras, que habían registrado un impulso en esa categoría.
La canasta básica, debajo del IPC
Pero, sobre todo, el gran argumento que puede festejar el gobierno es que, otra vez, las canastas que marcan las líneas de pobreza y de indigencia se encarecieron bien por debajo del IPC: un 1% en los dos casos.
Así, para un hogar de dos adultos y dos menores, se necesitó en agosto un ingreso de $1.160.780 para estar por encima de la línea de pobreza y un ingreso de $520.529 para no caer en la indigencia -es decir, para comer diariamente una dieta definida como sana-.
Para el gobierno, no hay mejor dato posible en este momento de debilidad política, porque refuerza con estadísticas su afirmación de que está mejorando la situación de la franja de menores ingresos de la población.
De hecho, esa ha sido la tónica en todo el año, ya que frente a una inflación general de 19,5% acumulada hasta agosto, la canasta básica subió un 13,3% en ocho meses mientras que la alimentaria se encareció un 15,8%. Es un indicador que permite adelantar que los datos de pobreza e indigencia continúan en descenso, a pesar del contexto de enfriamiento de la economía.
A fines de septiembre -también con buen «timing» político en pleno cierre de campaña electoral- se dará a conocer el censo de pobreza correspondiente al primer semestre del año, y ya se da por descontado una considerable mejora respecto del resultado anterior.
En contraste, el dato que perjudica al gobierno es el de las jubilaciones: frente a un IPC de 1,9%, el haber de agosto tuvo un aumento de 1,62%, producto de la nueva fórmula indexatoria. En realidad, para los jubilados del haber mínimo, el aumento es menor, por el efecto de congelamiento del bono en $70.000.
Si el cálculo se hace considerando la suma de la jubilación más el bono, entonces el incremento queda reducido a un 1,3% para agosto.
Para fortuna de Milei, la única derrota parlamentaria que logró revertir, con el mantenimiento del veto, fue la reforma en la metodología de indexación jubilatoria. Un proyecto que, según habían calculado en el gobierno, tendría un costo fiscal de 0,3% del PBI este año y de un 0,76% el año próximo.