La semana pasada llegó a la Justicia Federal de Córdoba la primera denuncia por presuntas irregularidades en las auditorías médicas que provocaron en el país miles de bajas de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez, a raíz de discapacidades físicas o psíquicas.
La presentó el abogado de Cruz del Eje, Pablo Olmos, quien pidió que se investigue por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, por haber ordenado las auditorías sin un marco legal y viciadas de numerosas irregularidades.
Andis: En medio de audios sobre presuntas coimas, denuncian en Córdoba a Diego Spagnuolo
Perfil CÓRDOBA dialogó con la trabajadora social Micaela López, quien integra desde hace 14 años la Junta de Certificación de Cruz del Eje, junto a una médica fisiatra y una psicóloga. Funciona en el Centro de Rehabilitación en del Hospital Aurelio Crespo.
Micaela es testigo directa de lo que está sucediendo en el norte cordobés con las pensiones.
En la Provincia de Córdoba hay 25 juntas para permitir la accesibilidad al sistema. Son las encargadas de recibir las historias clínicas de personas que desean acreditar discapacidad y realizar la valoración para generar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En el caso puntual de Cruz del Eje abarca, además, parte de los departamentos Minas, Pocho e Ischilín; la zona más pobre y vulnerable socioeconómicamente del interior provincial. Por esa razón, el impacto de la “motosierra” del Gobierno nacional es enorme en la región.
Auditorías en un limbo normativo
En enero de este año, Diego Spagnuolo, entonces titular de Andis, emitió una resolución con un nuevo “baremo” (instrumento que fija los estándares para evaluar el grado de invalidez física o psicológica de una persona y si es apta para acceder a una pensión). En mayo, esa resolución fue derogada. En el “limbo” normativo, Spagnuolo impulsó auditorías bajo la idea instalada de que en el país se habían otorgado miles de pensiones a personas que no la necesitaban.
El problema fue el método utilizado y la sospecha de que el objetivo fue generar bajas, aún de personas que les corresponde legítimamente.
Qué pasó en Cruz del Eje
“Cuando comenzaron a citar a las auditorías –contó Micaela López a este medio– la gente se desesperaba”. “Las cartas documento no llegaban a los domicilios”, precisó.
“La forma de citar fue intencionadamente maliciosa”, opinó, “porque estaban dirigidas a domicilios antiguos, cuando el Estado tiene plataformas de datos actualizadas, como Anses o Mi Argentina”. Figuraban direcciones ficticias o indefinidas, como “Calle Pública S/N”, por lo que el correo no supo dónde dejarlas.
Eso provocó largas filas en las oficinas del Correo Argentino de Cruz del Eje que había quedado solo con dos empleados, uno atendía en la sucursal y el otro salía a repartir. “La gente llegaba de noche y dormía ahí para averiguar si estaba su carta documento”, señala Micaela.
Otro aspecto cuestionable que describió la profesional era la forma de notificar, a través de carta documento, con un lenguaje “muy técnico, no accesible y ambiguo”. “Decía que no tenía que presentar un nuevo certificado médico oficial, pero sí documentación actualizada”, relató.
Allí sucedió el segundo colapso: fue en el hospital. “Personas con retraso mental que se enfrentaban a un texto con palabras grandilocuentes, que no entendían, se agolparon en el hospital para pedir historias clínicas”. “No sabían qué hacer”, narró López.
Para mayor dificultad, no había instructivos en los organismos oficiales de la zona. Anses no sabía nada, tampoco bajó información de Andis.
“Todos los servicios públicos colapsaron”, señaló la trabajadora social. En la Junta los reclamos desbordaron la capacidad de respuesta. “Atendíamos 100 personas por día”, señaló, “lo que fuimos haciendo fue guiarlas para que, al menos, respondan algo para evitar la baja masiva de pensiones”.
¿Quién hace las auditorías, hay empresas privadas contratadas y cuánto cobran? Es la gran pregunta. Según el testimonio brindado por la asistente social López, las nuevas evaluaciones están a cargo de médicos en consultorios privados, “sin ningún tipo de formación en discapacidad”.
“Hubo maltrato hacia la gente, tuve el caso de un chico con traumatismo craneoencefálico que, con rehabilitación de años, logró hablar y movilizarse, pero sigue con dificultad cognitiva”, contó. Citó también otros ejemplo: “Un chico que sigue con crisis convulsivas, no puede hacer esfuerzos, sin embargo fue maltratado por los médicos y una chica de 20 años con parálisis cerebral que vive en El Chacho, en el límite con La Rioja, tuvo que ser trasladada a Cruz del Eje para que la auditen”.
Más burocracia
“Cuando salían de la auditoría, si tenían la dicha de tener un papelito que habían sido auditados, tenían que digitalizarlo y presentarlo por mail o correo postal; para algunos era imposible porque ni siquiera sabían qué era un mail”, afirmó Micaela.
La Municipalidad de Cruz del Eje puso personal administrativo para cargar los certificados a la gente.
Sin carta y sin pensión
El mayor problema fueron aquellos que no recibieron ningún tipo de notificación. Deben comunicarse por WhatsApp y les responde un bot.
“El 50% de las personas no se enteró de su auditoría, cuándo y dónde tenía que ir”, subrayó López.
“No fue notificada, fue al correo y no había carta documento, hizo el trámite por WhatsApp o correo, pero no tuvo respuesta, no supo dónde presentarse, fue a los consultorios y los auditores tampoco tenían información”, cuál escena de la famosa novela ‘El Coronel no tiene quien le escriba’, de Gabriel García Márquez.
“Toda esa gente dejará de cobrar la PNC. Acá está la trampa legal, les sacaron las pensiones solamente por no haberse notificado”, sostuvo la profesional.
Su descripción no puede dejar de vincularse con las sospechas de coimas en la Andis.
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Las políticas que, supuestamente, pretenden sanear una base de datos de pensionados se ejecutan mientras estalla un escándalo nacional por el presunto cobro de ‘peajes’ ilícitos en el organismo, que llega hasta la cúspide del Poder Ejecutivo por las menciones explícitas a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo ‘Lule’ Menem.
A quien se escucha en los audios reconociendo las coimas es a Diego Spagnuolo.