ECONOMÍA
La Corte de Apelaciones resolverá entre hoy y mañana si el Estado debe transferir el 51% de las acciones de YPF.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York está a punto de emitir un fallo clave para el futuro de YPF y del Estado argentino.
El tribunal decidirá si el país debe entregar el 51% de las acciones que posee en la petrolera —o presentar otra garantía— mientras continúa la apelación contra el fallo que lo condenó a pagar USD 16.000 millones (hoy ya más de USD 18.000 millones con intereses) por la expropiación de 2012.
El origen del conflicto
El caso se remonta a la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza federal Loretta Preska determinó en primera instancia que Argentina debía compensar a los accionistas por la forma en que se concretó la expropiación. La sentencia fue apelada y la audiencia final está prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas.
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Mientras tanto, el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio, presiona para que se cumpla la sentencia y busca probar que el Estado y YPF actúan como un “alter ego”, lo que abriría la puerta a embargos sobre otros activos argentinos en el exterior. Burford reclama no solo la entrega de las acciones, sino también el acceso a correos, chats y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa.
La medida en juego: el “turnover”
Preska ya ordenó el “turnover” de las acciones, es decir, su transferencia a Burford. Argentina solicitó un “stay” (suspensión) hasta que se resuelva la apelación, algo que podría definirse en septiembre.
La Corte de Apelaciones podría optar por tres caminos:
- No conceder la suspensión y confirmar la orden de entrega de las acciones.
- Conceder la suspensión, pero exigiendo otra garantía distinta.
- Conceder la suspensión sin condiciones adicionales.
En los dos primeros casos, el gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a acudir a la Corte Suprema de EE.UU., aunque esta instancia rara vez interviene en litigios administrativos.
Riesgos de desacato y consecuencias internacionales
Si la decisión final es desfavorable y Argentina no cumple, podría ser declarada en desacato, lo que traería sanciones económicas y diplomáticas. Según fuentes cercanas a la causa, estas podrían incluir:
- Restricciones para emitir deuda.
- Mayor desconfianza de inversores internacionales.
- Impedimento de ingreso a EE.UU. para funcionarios argentinos.
- Posible revocación de visas.
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Burford será el encargado de pedir a Preska que declare el desacato en caso de incumplimiento.
Un fallo adverso representaría un golpe financiero y político en un momento en que el Gobierno busca atraer capitales y reforzar la confianza internacional. Por el contrario, una suspensión daría margen hasta septiembre para que la Cámara de Apelaciones decida si la orden de Preska fue válida.
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