Semana caliente de protestas contra el feroz ajuste del Gobierno de Javier Milei

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La semana que arranca promete estar marcada por la movilización social en distintos puntos del país. Diversos sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional han organizado medidas de fuerza y protestas para visibilizar el impacto de los recortes en áreas estratégicas como educación, ciencia, salud y seguridad social.

Desde este lunes, las universidades nacionales serán escenario de un paro docente y no docente que postergará el inicio del segundo cuatrimestre. La CONADU, que nuclea a los docentes universitarios, reclama mejoras salariales, presupuesto para gastos de funcionamiento y financiamiento para ciencia y tecnología. La consigna central es clara: “Basta de salarios debajo de la línea de pobreza”.

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El martes, la protesta se trasladará al Polo Científico de Palermo, donde investigadores, becarios y trabajadores del Conicet realizarán una concentración y asamblea. El objetivo: exigir la publicación de los resultados del concurso de becas y rechazar el ajuste en el área, que amenaza la continuidad de proyectos clave para el desarrollo nacional.

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El miércoles será el turno del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores llevarán adelante un paro en rechazo al recorte presupuestario y a la crisis salarial que arrastran desde hace más de un año. La protesta incluirá una movilización y un “ruidazo” hacia la Quinta de Olivos, además de la preparación de una gran acción federal prevista para el 27 de agosto.

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Foto: Mariano Fuchila

Ese mismo día, jubilados marcharán al Congreso para manifestar su rechazo al veto presidencial sobre el aumento del 7,2% en las jubilaciones y el bono previsional. También exigirán la prórroga de la moratoria previsional. En la misma jornada, organizaciones de personas con discapacidad se sumarán para repudiar el veto a la ley de emergencia en discapacidad, que afecta directamente a ese colectivo.

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Con un calendario cargado y reclamos que cruzan distintos sectores, la semana se perfila como una nueva prueba de fuego para la gestión de Milei, que deberá enfrentar no solo la presión política, sino también la creciente conflictividad social en las calles.

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