El proyecto que presentará la minera Vicuña Corp., nacida de la unión de la australiana BHP -la más grande del mundo- y la canadiense Lundin Mining, para incorporarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tendrá un tamaño casi igual a todas las iniciativas aprobadas hasta el momento.
Son unos 15.000 millones de dólares para extraer cobre de la cordillera de los Andes en San Juan, a pocos kilómetros de la frontera con Chile. Hasta ahora, hay seis proyectos aprobados para sumarse al RIGI por US$ 12.800 millones.
A su vez, equivale casi a los 15 proyectos por US$ 17.000 millones que esperan el visto bueno para entrar el régimen de promoción, según indicó el vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Nación, José Rolandi.
La de Vicuña, de concretarse, será «la inversión extranjera más grande de la historia argentina«, según señaló el lunes en San Juan el director Senior de la compañía en Argentina y Chile, José Luis Morea.
El monto de la inversión no fue garantizado por directivos de Vicuña sino que circula entre funcionarios del gobierno nacional y de la provincia, donde algunos incluso se animan a estirar la cifra hasta US$ 17.000 millones. Y es uno de los temas de conversación de la concurrida conferencia sobre cobre que organizó Panorama Minero.
La mina tiene la oportunidad de convertirse en una de las 10 más grandes del mundo de cobre, oro y plata, y hace pocos meses fue declarada como el hallazgo de cobre más importante de los últimos 30 años.
Tras la fusión de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, Vicuña tiene que adecuar los estudios de impacto ambiental y analizar la necesidad de infraestructura asociada. Originalmente, la primera tenía una inversión estimada en US$ 4.000 millones y la segunda, de US$ 1.266 millones.
En el sector se especula que más adelante se pueda incorporar a Vicuña el proyecto Lunahuasi, de la canadiense NGEx Minerals, que está en la misma zona.
Cuáles son todos los proyectos aprobados para el RIGI
- Galán Litio: la última inversión en recibir el visto bueno del Gobierno fue la de Galán Litio, por US$ 217 millones en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) y proyecta exportar más de US$ 180 millones a partir del 2029.
- Sidersa: fue el quinto proyecto. Se trata de una planta siderúrgica que la empresa planea construir en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de US$ 286,3 millones, de los cuales US$ 142,8 millones se desembolsarán en el primer año.
- Parque solar de YPF Luz: fue el primero que avaló el Gobierno. Con una inversión de US$ 211 millones, prevé levantar un parque solar fotovoltaico en la localidad de Jocolí, en el departamento de Las Heras, Mendoza. La inversión apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios.
- Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): también tiene a YPF como principal accionista. Consiste en un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará la localidad de Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, con una inversión de US$ 2.486 millones.
- GNL PAE-Golar: el desembolso estimado es de US$ 6.878 millones y el proyecto consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, en Río Negro.
- Río Tinto: el cuarto proyecto aprobado fue el de Rincón, el primero de minería. Involucra una inversión de US$ 2.724 millones en Salta, para la construcción de una planta de carbonato de litio.
Otro proyecto de cobre en San Juan que espera luz verde y ya se presentó al RIGI es «Los Azules», de la canadiense McEwen Copper, que la semana pasada adaptó su pedido y anotó en el régimen una inversión de US$ 2.672 millones, de los cuales unos US$ 340 millones ya se desembolsaron para desarrollar infraestructura de caminos.
Además, recientemente el Gobierno comunicó por primera vez el rechazo de un proyecto: Mariana, de la minera china Ganfeng Lithium, que ya produce cloruro de litio en Salta.
Y hay dos más que la Secretaría de Minería mira de reojo, que son los de la surcoreana Posco, de hidróxido de litio en el Salar del Hombre Muerto -Salta y Catamarca-, y el de Gualcamayo, San Juan, donde una firma española quiere ampliar la producción de oro.
En todos los casos, se tratan de iniciativas que ya tienen producción, y el Gobierno busca que al RIGI solo apliquen empresas que no podrían producir sin tener esos beneficios, no así las ampliaciones de proyectos existentes.
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