Luego de 21 años de lucha y silencio institucional, la Justicia federal dio un paso trascendental en la investigación por la desaparición de Sergio Ávalos, ocurrida en junio de 2003 en el boliche Las Palmas, en Neuquén capital. En una resolución sin precedentes, el juez Gustavo Villanueva dictó el procesamiento con prisión preventiva y embargos para 19 personas, al considerar acreditada la figura de desaparición forzada de persona, un delito de lesa humanidad que no prescribe.
Según la resolución, Sergio fue visto por última vez entre las 6:30 y 7:30 del 14 de junio de 2003 dentro de Las Palmas. No protagonizó conflictos ni tuvo discusiones. El problema empezó al salir: tiró una caja donde se depositaban los tickets de consumo, lo que generó la intervención del personal de seguridad. Fue separado de su grupo y trasladado a un sector interno conocido como “el túnel”, que funcionaba como un cuarto clandestino de castigo.
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“Allí Sergio fue golpeado, ahí lo mataron”, afirmó el abogado de la familia, Sergio Heredia. El letrado también sostuvo que el boliche operaba bajo un sistema de vigilancia sofisticado para la época, y que las cámaras de seguridad registraban todo lo que sucedía, dentro y fuera del local. Esa evidencia fue clave para reconstruir los hechos y demostrar que Sergio no salió por sus propios medios del lugar.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional del Comahue
Militares, policías y empresarios: quiénes fueron procesados
El procesamiento incluye dos grupos de acusados. Como coautores del delito de desaparición forzada, fueron procesados: Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreira y Patricio Sesnich.
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Como partícipes necesarios, están implicados: Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto, Pedro Ángel Pacheco y Pedro Raúl Nardanone.
El procesamiento incluye embargos y prisión preventiva, aunque para el abogado querellante, “algunos deberían haber sido detenidos de inmediato por riesgo de entorpecimiento”. De todos modos, Heredia asegura que todos los procesados terminarán condenados, y subraya la importancia de que la desaparición forzada es un delito en ejecución continua: hasta que no se encuentre el cuerpo de Sergio, el crimen sigue vigente.
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Las Palmas: un boliche al servicio del poder
El caso destapó una red de encubrimiento estatal y complicidad entre sectores políticos, judiciales y de seguridad. Heredia reveló que militares en actividad –algo prohibido por ley– trabajaban como seguridad del local, y que el sistema de vigilancia y logística respondía a una organización empresarial con respaldo del poder. Incluso, el jefe del batallón de Ejército, Walter Ovidio Temperini, admitió que conocía estas actividades, que calificó como “changas”.
Trabajadoras del boliche declararon que eran obligadas a bailar y consumir cocaína para “trabajar mejor”, y que eran abusadas por dueños y empleados. La figura de Patricio Sesnich, encargado del boliche, y Pedro Sepúlveda Palacios, exmilitar chileno vinculado al régimen de Pinochet, refuerzan el carácter mafioso y violento del lugar.
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El rol del padre de Sergio y el valor de no bajar los brazos
La resolución judicial también significa una reivindicación histórica para Asunción Ávalos, padre del joven desaparecido, quien a sus 91 años viajó incansablemente desde Picún Leufú a Neuquén para marchar y exigir justicia por su hijo. “Imaginate la alegría que tenemos: después de tantos años, nuestra teoría empieza a concretarse”, expresó con emoción el abogado Heredia.
El caso fue reactivado cuando Heredia y Leandro Aparicio tomaron la causa entre 2019 y 2020. Al centrarse en quiénes eran los protegidos por el encubrimiento, descubrieron la connivencia entre el boliche, militares, policías y funcionarios municipales. “Venimos de una dictadura. Que militares custodiaran un boliche en democracia era un delito y nadie lo dijo: ni la prensa, ni la justicia”, denunció Heredia.