A través de la Resolución N° 2025-831, publicada hoy en el Boletín Oficial, se creó el Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos. Este mecanismo busca fomentar que el personal denuncie, investigue y sancione delitos cometidos dentro de sus propias filas.
Este sistema no ofrece protección física, sino un resguardo administrativo a cargo del Ministerio de Seguridad. Su objetivo es garantizar que las condiciones laborales y profesionales del personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal que decidan denunciar, negarse a participar en actos ilícitos o testificar en casos que involucren a otros miembros de las fuerzas, permanezcan inalteradas.
En esencia, se trata de una medida para prevenir represalias que puedan afectar la carrera o el ambiente de trabajo de quienes cumplen con su deber de denunciar, siempre que exista un temor fundado a sufrirlas como consecuencia directa de su acción.
¿Qué se considera un acto de represalia?
La resolución detalla una serie de conductas que se interpretarán como actos de violencia o represalia. Entre ellas se incluyen:
Violencia física o verbal.
Asignación de riesgos innecesarios.
Creación de un ambiente de trabajo hostil.
Asignación de tareas inferiores o sobrecarga injustificada.
Acoso sexual o laboral.
Postergación injustificada de ascensos o aplicación de sanciones sin fundamento.
Traslados intempestivos e injustificados.
Convocatorias injustificadas a controles, evaluaciones o juntas médicas.
Cualquier otra conducta que el Ministerio de Seguridad considere una represalia.
Es importante destacar que las jerarquías de las Fuerzas de Seguridad no podrán aplicar sanciones ni ordenar traslados sin el consentimiento expreso del Ministerio. Para acceder a esta protección, las denuncias deben realizarse con nombre y apellido.
Implementación y exclusiones del Sistema
La Dirección Nacional de Transparencia e Integridad del Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de este nuevo Sistema. Además, se ha creado el Registro Único de Protección Administrativa (RUPAd), donde se asentarán las inclusiones y exclusiones del personal beneficiado.
El Sistema contempla causales de exclusión para asegurar su uso responsable. Una persona podrá ser excluida si:
Realiza una denuncia falsa u oculta información relevante.
Abusa de su condición de persona protegida.
Incumple las obligaciones asumidas en la resolución.
Se niega a cooperar con las acciones destinadas a concretar su protección.
No presenta, en el plazo establecido, los elementos necesarios para acreditar los hechos denunciados y justificar su permanencia en el Sistema.