El fallo en contra que esta semana obtuvo el Estado argentino por la expropiación de YPF, decisión judicial tomada por la jueza Loretta Preska en la Justicia de Estados Unidos, motivó en la mesa de «Comunistas» una lectura en clave histórica y política del proceso de estatización de la compañía. El diputado Esteban Paulón, integrante del equipo del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30, explicó los pormenores que dieron lugar al juicio cuyo resultado adverso será apelado por el Gobierno de Javier Milei, quien mantiene una disputa mediática con el gobernador bonarense Axel Kicillof en torno del asunto.
Las razones que dieron lugar al pleito «explican por qué es importante que toda decisión tomada desde el Estado responda a políticas públicas estratégicas«, precisó Paulón, subrayando que la sucesión de gobiernos no debería implicar visiones diametralmente opuestas en cuestiones estructurales, como la energía.
La decisión del tribunal beneficia al fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de las empresas del grupo Petersen en 16 millones de euros, holding controlado por la familia Eskenazi. Sucede que al momento de la expropiación, el grupo empresario argentino poseía el 25% de la petrolera, pero a diferencia de Repsol, no fue indemnizado. Dicha particularidad obedeció a la modalidad en que la familia Eskenazi se hizo con esa participación accionaria, que sería pagada por medio de las utilidades mismas que generase la empresa.
En su reconstrucción histórica de los antecedentes del fallo, Paulón apuntó que Repsol «no vio venir Vaca Muerta», dado que vendió al grupo Eskenazi dicha participación del 25% en lugar de retenerla. La formación geológica ubicada en la cuenca neuquina, en la Patagonia argentina, que contiene importantes reservas de petróleo y gas no convencional, fue descubierta por la petrolera de origen español, pero con posterioridad a su desprendimiento de ese 25%.
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La Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del fallo que condena al país a pagar una millonaria indemnización por la reestatización de la petrolera, decidida en 2012. La decisión, firmada por la jueza Loretta Preska, expone que el Estado incumplió el estatuto de la compañía al expropiar sin compensar debidamente a todos los accionistas.
Por su parte, el abogado y exlegislador Sergio Abrevaya remarcó: “El tema no es Kicillof, sino la familia Eskenazi. El juicio existe porque ellos armaron un negocio multimillonario. Es un disparate jurídico y un problema de soberanía. Una jueza de EE.UU. no puede decidir sin el Congreso argentino”, argumentó.
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En 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se procedió con la estatización de YPF, aprobación del Congreso mediante. Las empresas del grupo Petersen, que controlaban el 25% de la firma, habían ingresado en 2007 mediante un acuerdo financiado por bancos internacionales y por la propia Repsol, con el compromiso de pagar los créditos a través de dividendos. Luego de que Argentina retomase el control de la petrolera se decidió la suspensión del reparto de utilidades, lo que condujo a la quiebra del grupo y luego derivó en el juicio.
El presidente Javier Milei adelantó que apelará el fallo “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. Sin embargo, la decisión de Preska marca un nuevo capítulo de tensión judicial, política y económica, en un escenario en el que el país enfrenta múltiples frentes abiertos a nivel local e internacional.
BR / FPT