ROSARIO.-Reconquista y Avellaneda, dos ciudades del norte de Santa Fe, donde nació la agroexportadora Vicentín, que cayó en default en diciembre de 2019, fueron este viernes escenario de 20 allanamientos que terminaron en la detención de dos hombres de peso de la compañía: el expresidente Daniel Buyatti y otro exintegrante del directorio Roberto Gazze.
Omar Scarel, otro expresidente de la firma, también tiene pedido de detención, pero hasta el viernes a la tarde no había logrado ser ubicado por Gendarmería Nacional.
La causa que terminó en las detenciones de estos exejecutivos de alto rango de Vicentín se originó en el Ministerio Público de Rosario, a partir de una presentación que hizo un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes.
La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares.
La detención de altos ejecutivos de Vicentín, hombres históricos de la firma, como Buyatti y Gazze, se produjo por pedido de los fiscales de Rosario Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Estos dos funcionarios investigan desde 2020 a los directivos de Vicentín, que están acusados de estafa y de asociación ilícita.
A fines del año pasado, el fiscal Moreno pidió penas de hasta 17 años de prisión para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Gazze y Scarel. El mayo de 2023, cuando la fiscalía imputó a estos ejecutivos, planteó que conformaron una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.
Moreno dijo en ese momento en la audiencia que los directivos pusieron en marcha una “planificación” orientada a “simular” el bienestar financiero y contable de Vicentin, ocultando su pasivo para “conseguir líneas crédito, obtener desembolsos de los bancos y continuar con la captación y recepción de granos”.
A la par de esta causa penal, se encuentra el concurso de acreedores de Vicentín, que también está en una situación delicada, luego de que la Corte Suprema de Santa Fe anulara el 18 de febrero pasado la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.
Esto derivó en que la firma presentara ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra esa decisión que llevará a una nueva revisión del caso. El máximo tribunal consideró que la homologación del acuerdo -consentido por 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de US$ 1573 millones- violó el principio de igualdad, según el reclamo de Commodities SA. Esta madeja judicial llevó a la empresa a transitar por una aguda incertidumbre que afecta a 1200 trabajadores en forma directa.
Además, hay directivos como Omar Scarel, expresidente de la empresa, que lidia con otro frente de tormenta en la justicia federal, luego de que el exjefe de ARCA Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna se presentara como arrepentido y admitiera haber cometido unos 30 delitos al mando del organismo fiscalizador, entre los que se encuentra haber favorecido a Vicentín a cambio de beneficios personales.
Es probable que Scarel, que es buscado por Gendarmería, sume otro pedido de detención en los próximos días, después de la declaración del exjefe de la exAFIP, Carlos Vaudagna, quien se quebró y confesó.
Vaudagna complicó al expresidente de la agroexportadora Vicentin al reconocer que era asesor personal de Scarel en momentos en que era jefe de ARCA y que benefició a la empresa cerealera que entró en default en diciembre de 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
El exjefe de la AFIP también admitió que, entre mayo de 2018 y julio de 2019, intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa. LA NACION consultó al abogado de Scarel, que respondió que por ahora no iba a hacer declaraciones.
Por este tema había una causa abierta en la justicia federal de Reconquista, pero cuando se produjo el blanqueo en octubre del año pasado, los directivos de la empresa se plegaron a este beneficio. Lo que ocurrió fue que el juez federal Aldo Alurralde tuvo que sobreseer a 14 directivos, porque la defensa de uno de los directivos de la empresa argumentó que Herman Vicentin, uno de los procesados, se había acogido a la ley para blanquear fondos no declarados. Con ello solicitó a ARCA un plan de pagos para afrontar los tributos de IVA que la empresa había obtenido con facturas truchas a contribuyentes inexistentes.
Una vez que cumplió con el plan de pagos ante ARCA la defensa de Vicentin envió al juzgado federal el último recibo por 158.252.179,68 pesos. Era la tercera cuota por un total de 469.899.346,12 pesos. De esa manera, el directivo quedó en situación de reclamar la extinción de la acción penal en su contra y de los otros 13 ejecutivos que junto a él estaban procesados de manera firme como coautores responsables de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
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