La Justicia porteña rechazó la demanda por daños y perjuicios que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso contra el MST y otros partidos de izquierda en la movilización del 18 de diciembre de 2017. En este fallo del juez Gallardo, queda claro que protestar no es delito. Ante un contexto donde se busca criminalizar la protesta social, este fallo es un hecho muy positivo, pero sabemos que tenemos que seguir organizándonos y en las calles.
Dicembre de 2017, Mauricio Macri gobernaba el país y Rodríguez Larreta la Ciudad. Se debate en el Congreso de la Nación uno de los primeros puntos que desde los organismos internacionales y los diferentes gobiernos quieren llevar adelante: la reforma previsional.
En plaza de los dos Congresos hubo una enorme movilización que duró varios días en oposición a dicha reforma, que ya era un duro ajuste para los/las jubilados/as y beneficiarios de la AUH, entre otros puntos. Sin poder convencer a la población, y ante el enorme repudio de amplios sectores de trabajadores, jubilados, desocupados y estudiantes, el gobierno reprime violentamente, durante horas en la plaza de los dos Congresos y hasta entrada la tarde sobre la avenida 9 de julio.
El GCBA, luego de dichas jornadas se dedicó a perseguir a quienes allí nos movilizamos y sufrimos la tremenda represión. Promovió un juicio por “daños y perjuicios” contra el MST y otros partidos de izquierda. Ante esto, intervino el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 Secretaria N°3, a cargo del Dr. Gallardo.
Desde el CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos) nos presentamos porque no podemos permitir que se quiera culpar y criminalizar a la población y a los partidos de izquierda que nos movilizamospor defender nuestro derechos. Como si fuera lógico que gasten miles de millones en represión, pero nosotros y nosotras debamos mirar sin intervenir en la realidad, cuando recortan en salud, educación públicas y las familias no llegan a fin de mes.
Un fallo más a nuestro favor
El fallo del juez Gallardo hizo lugar a pedidos de las defensas y sostuvo “la introducción de una teoría de responsabilidad colectiva por hecho anónimo y por hecho de grupo genera legítimas inquietudes respecto a la protección del derecho de protesta, reunión, asociación y petición a las autoridades y tiene la potencialidad de erosionar los fundamentos democráticos de la república y los derechos humanos. Debe interpretarse como una prohibición indirecta de la protesta social”.
El juez cuestionó además el modo de selección de los demandados por parte del GCBA: “ El criterio utilizado por el GCBA para la selección de los demandados en autos resulta sumamente ilustrativo de ese peligro. En efecto, el gobierno actor parece haber escogido demandar exclusivamente a las organizaciones más pequeñas (y por tanto menos solventes) entre las presentes en la manifestación, en detrimento de la realización del eventual crédito a su favor.Con esa característica, la única conducta antijurídica que parece atribuirse a todos los demandados -aunque de un modo implícito- consiste en pisar el parquizado. Cabe aquí consignar que esta conducta resultaría imputable también a las fuerzas policiales y a la prensa”.
Como podemos observar la intencionalidad del GCBA era perseguir a opositores y criminalizar la protesta social.
El juez Gallardosostiene: “En los complejos y difíciles tiempos que corren, discursos altisonantes ponen en duda la institucionalidad y la legalidad. Se intentan retrogradar sin justificación alguna, estadios jurídicos ya consolidados en la historia, conspirando contra la dignidad y el desarrollo de la sociedad y de las personas.
Estos discursos y sus correlatos, teñidos indisimuladamente de odio hacia lo nativo, hacia lo distinto, hacia el otro, se expanden en las redes sociales mediante fake news; falsedades de imagen y videos, alteraciones documentales y otros tantos recursos espurios. Trolls y bots los agitan por doquier.
Grupos de personas migrantes, comunidad LGTB, afrodescendientes, pueblos originarios y muchos otros, son sometidos a tratos discriminatorios, deportaciones, violencias y acosos de variada intensidad. El Estado, gradualmente va mutando de garante a detractor de derechos.
Quienes tenemos el compromiso y la obligación judicial de velar por el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales debemos hacer una lectura muy profunda y concienzuda del contexto. No nos podemos confundir: todas las prácticas de segregación y descarte necesitan de un discurso justificante y de ciertas condiciones de sustentabilidad.
El miedo es uno de los pilares que sostienen la irracionalidad y la anomia en el ejercicio del poder. Sin disciplinamiento social los proyectos injustos no tienen cabida. La criminalización del espacio público es por excelencia una de las formas de generar miedo e instar a la no participación popular en las decisiones políticas.
El Estado tiene el deber convencional de buscar maneras de afrontar el disenso y la protesta social que expresen un compromiso genuino con los derechos humanos y los principios democráticos, lo que se contradice con la adopción de estrategias legales que intimiden, criminalicen y silencien la participación ciudadana.
Por lo dicho, frente a demandas como la presente, interpuesta por el Estado contra manifestantes bajo la figura de la responsabilidad colectiva, los jueces (también Estado) tenemos deberes y responsabilidades críticas que desempeñar para garantizar el equilibrio entre la protección de los bienes públicos y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes. Estas exigencias se enmarcan dentro del principio de independencia judicial y de la interpretación de las normas conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Organizarnos para defender nuestros derechos
Este fallo es necesario a los tiempos que estamos viviendo y debemos celebrarlo. Sin embargo, es necesario seguir movilizados y organizándonos. Ya vimos que este gobierno de Milei, al que Marci está aliado, quiere avanzar en más recorte de derechos y de criminalización. Y que solo podemos frenarlo si nos organizamos. Por eso construimos el CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) y el MST en el FIT Unidad, y te invitamos a que te sumes para defender todos nuestros derechos. Porque no nos vamos a cansar de decir que protestar no es delito.
CADHU MST en el FIT Unidad